La atención médica, las condiciones de internamiento, la convivencia familiar y las oportunidades de reinserción requieren protección permanente, con especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad.
Toluca, Estado de México, 8 de octubre de 2026.– La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) destaca la necesidad de fortalecer la protección de los derechos a la salud, la integridad personal y una estancia digna en los centros penitenciarios mexiquenses, ante problemáticas documentadas como sobrepoblación, hacinamiento, deficiencias en atención médica y suministro de medicamentos, así como condiciones que dificultan la reinserción social.
Como ha señalado el presidente del organismo defensor, Víctor Leopoldo Delgado Pérez, las personas privadas de la libertad conservan su dignidad y los derechos que no han sido legalmente restringidos. Por ello, su condición jurídica no debe impedirles recibir atención médica, alimentación suficiente, agua, trato respetuoso y oportunidades para reconstruir su proyecto de vida.
El derecho a la salud requiere atención oportuna, continuidad de los tratamientos, disponibilidad de medicamentos y servicios de salud mental. Cuando la capacidad del centro resulte insuficiente, deben activarse los mecanismos de atención especializada correspondientes. A estas necesidades se suma el derecho a una estancia digna, que comprende condiciones adecuadas de higiene, descanso, alimentación y acceso al agua.
En este ámbito, el informe especial de la CNDH sobre el Centro Penitenciario “Juan Fernández Albarrán”, en Tlalnepantla, emitido en enero de 2026 a partir de visitas realizadas en junio de 2025, identificó problemas de infraestructura, atención médica, sobrepoblación y hacinamiento, así como riesgos relacionados con la seguridad y la integridad de las personas. Estos hallazgos refuerzan la importancia de la supervisión y de atender las condiciones materiales del internamiento.
La protección de la integridad personal y el trato digno exige prevenir agresiones, amenazas, malos tratos y cualquier práctica que coloque a las personas bajo condiciones de sometimiento o abuso. Las medidas disciplinarias y las revisiones de seguridad deben apegarse a la legalidad y respetar la integridad física y psicológica, además de permitir el acceso a mecanismos para presentar peticiones y quejas.
La convivencia familiar también requiere protección. En septiembre, la CODHEM realizó una inspección en Santiaguito y solicitó medidas cautelares tras recibir señalamientos sobre presuntos cobros irregulares y prácticas de revisión que podrían afectar a las personas visitantes. Estos antecedentes muestran la importancia de que los controles de ingreso respeten la intimidad y la dignidad de las familias, y de que cada denuncia sea investigada sin anticipar responsabilidades.
Asimismo, proteger el derecho a la reinserción social implica asegurar el acceso efectivo a educación, trabajo, capacitación, salud y deporte. Estas actividades deben responder a las necesidades de las personas y ofrecer herramientas para su regreso a la comunidad, conforme a las bases establecidas en la Ley Nacional de Ejecución Penal.
La atención debe considerar las necesidades particulares de las mujeres, las personas mayores, quienes viven con discapacidad o enfermedades crónicas y la población de la diversidad sexual. En el caso de las mujeres que permanecen con sus hijas e hijos, resultan indispensables la atención médica especializada, los espacios adecuados para la maternidad y la protección del desarrollo infantil, bajo el principio del interés superior de la niñez.
A través de la Visitaduría Especializada de Atención a Personas Privadas de la Libertad, la Comisión realiza supervisiones, atiende quejas, brinda orientación y solicita medidas cautelares. Al corte del 7 de octubre, el organismo reportó su participación como observador en 13 operativos penitenciarios durante 2026, entre ellos las revisiones realizadas en Santiaguito el 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre.
La CODHEM refrenda su compromiso de mantener una vigilancia cercana a las personas privadas de la libertad y sus familias. Escuchar sus necesidades, investigar posibles abusos y promover condiciones dignas de internamiento contribuye a una justicia que proteja a las personas y haga posible su reinserción social.
