Por: Diana Arango
El zarpazo al patrimonio, la tiranía catastral y el ocaso de la autonomía local en el México actual, la voracidad del régimen no conoce límites ni respeta la Constitución.
Lo que inició bajo el engañoso compromiso de ser una medida exclusiva para la Ciudad de México, hoy se quita la máscara y se extiende a lo largo y ancho de todo el territorio nacional; un despliegue fiscalizador diseñado para escudriñar hasta el último rincón del país.
La reciente publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral no es más que un descarado atraco disfrazado de “modernización fiscal”, una embestida autoritaria que perfora el corazón del federalismo y arrebata de tajo la autonomía municipal, bajo la cínica premisa de la “eficiencia”, la Federación se arroga facultades que el artículo 115 constitucional reserva de manera exclusiva a los ayuntamientos. Aquello que prometieron acotar únicamente a la capital del país, hoy se transforma en una red de control nacional para intervenir cada inmueble, sin importar qué tan alejado esté.
El Congreso de la Unión, instrumentalizado como servil oficialía de partes, manipuló el artículo 73 (fracción XXIX-R) para desnaturalizar la norma y consumar un despojo administrativo sin precedentes.
Las implicaciones de esta ley son abrumadoras y revelan el rostro de un Estado fiscalizador y asfixiante; el expediente digital del despojo: La creación de la Clave Única Catastral —un “CURP inmobiliario”— somete la propiedad privada a un rastreo centralizado y fiscalizador en todo el territorio nacional.
Centralismo absoluto para la centralización de la información de más de 2,400 municipios en una plataforma coordinada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), bajo el yugo de la SEDATU, impone lineamientos coercitivos, reglas técnicas y calendarios obligatorios, subordinando violentamente a los gobiernos locales.
Avasallamiento digital, para la imposición de la Llave MX margina al ciudadano y somete el pago del impuesto predial y las notificaciones a la arbitrariedad federal.
Terrorismo fiscal por satélite, que planean ejecutar mediante el rastreo satelital y la manipulación de las metodologías de valuación, se altera arbitrariamente el diseño de las tablas de valores unitarios de suelo, disparando el cobro del predial al antojo de la burocracia central.
¿Hasta cuándo despertará el ciudadano?
Resulta alarmante la anestesia social frente a esta escalada confiscatoria. ¡Hasta que les quiten su patrimonio y todos sus derechos despertarán! Pareciera que la ciudadanía reaccionará solo cuando el atropello toque directamente sus bolsillos y tengamos que pagar cuotas exorbitantes por servicios básicos que deberían ser obligatorios, como la recolección de basura o el alumbrado público.
El modelo de gobierno actual avanza sin freno en su ambición por centralizar los recursos y dinamitar los contrapesos locales. Si el ritmo de la destrucción institucional y el desfalco patrimonial continúan a esta velocidad, para cuando lleguen las próximas elecciones, Morena ya habrá terminado por completo con el país, dejando a las familias mexicanas sin patrimonio y a las instituciones en la ruina absoluta.
No estamos ante una simple reforma técnica; estamos presenciando el remate del pacto federal y la consolidación de un absolutismo que no descansará hasta dejar a los municipios sin atribuciones y a los ciudadanos sin propiedad.
