Por Raúl González Nova
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Almoloya de Juárez, Estado de México.–Mientras desde el discurso oficial se insiste en que la seguridad “va bien”, en las calles del municipio la percepción ciudadana es otra. Robos recurrentes, reportes vecinales constantes y una presencia policial claramente insuficiente contrastan con las declaraciones del alcalde #AdolfoSolísGómez, cuya administración presenta una de sus principales debilidades en materia de seguridad pública.
Como puede observarse en el video difundido desde la comunidad de Mina México, los amantes de lo ajeno operan con aparente tranquilidad, sin patrullaje preventivo visible. Este tipo de hechos no son excepcionales: vecinos de distintas comunidades han documentado incidentes similares en redes sociales y reportes ciudadanos.
De acuerdo con criterios técnicos utilizados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y organismos especializados en seguridad, el estándar mínimo recomendado es de entre 1.8 y 2.8 policías por cada mil habitantes para una cobertura básica.
Almoloya de Juárez cuenta con más de 170 mil habitantes, lo que implicaría, bajo el estándar mínimo, al menos entre 300 y 480 elementos policiales operativos, sin contar descansos, incapacidades, comisiones administrativas ni turnos.
El Ayuntamiento no ha publicado de manera clara y actualizada:
• El número total de policías activos.
• Cuántos están realmente en funciones operativas.
• Cuántos trabajan por turno.
• Cuántos cuentan con certificación vigente.
La ausencia de esta información impide verificar si el municipio cumple siquiera con los mínimos operativos recomendados.
El municipio recibe recursos federales y estatales etiquetados para seguridad pública, como el FORTAMUN, que por ley debe destinarse, entre otros fines, al fortalecimiento de la policía municipal.
Sin embargo:
• No se ha presentado públicamente un informe desglosado que explique cuántas patrullas están en operación.
• No se conoce el estado mecánico real del parque vehicular.
• No se ha informado cuántos recursos se destinan a capacitación, armamento o equipamiento.
La falta de información pública verificable constituye una violación a los principios de transparencia y rendición de cuentas, establecidos en el artículo 134 constitucional y en la legislación de fiscalización estatal.
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que ningún elemento policial puede operar sin controles de confianza vigentes.
A la fecha:
• No existe información pública que precise qué porcentaje de la Policía Municipal de Almoloya de Juárez está certificada.
• Tampoco se han transparentado bajas, suspensiones o rotación de personal durante esta administración.
Esto abre una pregunta crítica:
¿cuántos policías están en la calle y cuántos cumplen realmente con los requisitos legales para portar arma y ejercer funciones de seguridad?
Preguntas al Cabildo municipal (con base en datos)
Con estos elementos, el cuestionamiento al Cabildo de Almoloya de Juárez se vuelve aún más directo:
• Si el estándar mínimo es de 1.8 policías por cada mil habitantes, ¿cuántos policías reales tiene hoy el municipio?
• ¿Por qué no se ha publicado un diagnóstico de seguridad con cifras claras, como exige la ley?
• ¿Cómo se ha ejercido el recurso del FORTAMUN destinado a seguridad y por qué no se reflejan mejoras visibles?
• ¿Cuántas sesiones de Cabildo han abordado con datos concretos el déficit de policías y patrullas?
El silencio también es una forma de responsabilidad.
La seguridad pública es una obligación constitucional, no un eslogan.
Presumir avances sin datos, sin cifras y sin indicadores no demuestra resultados; los oculta.
En Almoloya de Juárez, la discusión ya no es política, es técnica y legal:
¿cumple el municipio con los mínimos de seguridad exigidos por la ley o no?
Porque la seguridad no se mide en discursos, sino en números, presencia policial real y resultados visibles en las calles.
Y hoy, esos números no se conocen, y esos resultados no se ven.
