ESTRECHAN RELACIÓN LA CODHEM Y LA SUBSECRETARÍA DE CONTROL PENITENCIARIO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS PERSONAS EN RECLUSIÓN.
El ombudsperson Jorge Olvera García hizo un respetuoso llamado a la LXI Legislatura local para que asigne mayor presupuesto al rubro penitenciario.
• El subsecretario de Control Penitenciario, Manuel Palma Rangel, dijo que el Sistema Penitenciario es la última parte de la cadena de justicia, en la que debe existir compromiso de sus integrantes para investigar cualquier situación hasta sus últimas consecuencias.
Toluca, Estado de México; 9 de diciembre de 2019.- Al coincidir con el subsecretario de Control Penitenciario del gobierno estatal, Manuel Palma Rangel, que por primera vez en la historia de la entidad se tiene una coordinación estrecha, cohesión, sinergia y empatía entre la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y las autoridades del Sistema Penitenciario estatal, el ombudsperson Jorge Olvera García aseguró que no se podrá salir de la crisis en materia de seguridad y justicia si no se atienden de manera oportuna y correcta los problemas penitenciarios.
Al inaugurar la Capacitación Especializada para personas servidoras públicas de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad estatal, Olvera García señaló que los centros de reinserción son espejos deformados de una sociedad, de la parte obscura de ésta, pero que no se debe desconocer ni negar: “tenemos que asumirla, tenemos que sensibilizar y sensibilizarnos, y adoptar las medidas necesarias para lograr la reinserción social.”
Olvera García invitó al personal del Sistema Penitenciario, desde directores hasta las áreas técnicas, a revisar pronunciamientos, informes y observaciones de las Recomendaciones generadas por la Codhem sobre el tema; reconoció que la LXI Legislatura local ha manifestado sensibilidad a los derechos humanos, por lo que hizo un respetuoso llamado para que el presupuesto que se asigne a este rubro no sea poco e incluso aumente porque, puntualizó, las personas privadas de libertad (PPL) son parte de la sociedad.
Al hacer un recuento de las acciones en materia penitenciaria para mejorar las condiciones de los internos, como el monitoreo en tiempo real de los penales de Tlalnepantla, Ecatepec, Santiaguito, Nezahualcóyotl Bordo, Chalco, Cuautitlán, Texcoco, Nezahualcóyotl Sur y Zumpango, y la instalación de dos casetas de videollamadas en los centros preventivos de Texcoco y Tenango del Valle, indicó que con esas medidas y las visitas constantes de la Codhem se impulsa un parteaguas con una nueva visión en la defensa de los derechos humanos de las PPL.
Asimismo, ante el director general de Prevención y Reinserción Social, Jaime Echartea Mojica, así como de los 150 integrantes del Sistema Penitenciario, el subsecretario de Control Penitenciario, Manuel Palma Rangel, se refirió a la complejidad del Sistema Penitenciario, al ser el más grande del país con casi 30 mil internos con retos importantes en materia de derechos humanos, no obstante, afirmó que a pesar de la sobrepoblación, no existe autogobierno en ningún centro penitenciario.
Señaló que donde hay orden, respeto y disciplina hay seguridad y por ende, se respetan los derechos humanos, por eso trabajan en busca del equilibrio entre la seguridad y derechos humanos; por ello, dijo, se hace énfasis en la aplicación de protocolos de actuación, las consignas, códigos de emergencia, entre otros, para homologar la actividad de las personas servidoras públicas en esta materia.
Comentó que al personal del Sistema Penitenciario lo guía el respeto a la dignidad humana de los internos, a fin de no criminalizarlos ni re criminalizarlos, pues sólo buscan cumplir con la sentencia que dictan los jueces, y si bien todavía hay muchas quejas de violaciones a derechos fundamentales de los internos, el compromiso es disminuir la cifra el próximo año.
Agradeció la disposición y apoyo de la Codhem para brindar la capacitación y señaló la transparencia con que trabajarán, así como la necesidad de que el Sistema Penitenciario se abra, al ser la última parte de la cadena de justicia, en la que debe existir compromiso de sus integrantes para investigar cualquier situación hasta sus últimas consecuencias.