En voz alta Ministros pierden legitimidad

En voz alta

Ministros pierden legitimidad

Por: Gerardo Viloria

Cuando en el ámbito de la credibilidad en nuestras instituciones, el país no está para bollos, ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, OLGA SÁNCHEZ CORDERO Y JOSÉ RAMÓN COSSÍO respaldaron –la pasada semana- el proyecto de ARTURO ZALDÍVAR, concediendo amparo a cuatro personas para que puedan cultivar, poseer, transportar y consumir mariguana con fines recreativos.

Aunque durante el debate los juzgadores coincidieron en señalar que el consumo de drogas sí genera un problema de salud, indicaron que no existen razones sólidas para que el Estado mexicano prohíba a los ciudadanos el uso libre del cannabis.

Esto, quizá con la visión ultraliberal del filósofo y profesor de la Universidad Harvard, ROBERT NOZICK, para quien la justicia sólo es alcanzable dentro de un Estado mínimo, el cual no interfiere en la vida de los individuos.

O bien, cedieron a los intereses económicos oscuros, esencialmente extranjeros, de una minoría.

Anteriormente, señalé que detrás del tema de la legalización de la marihuana en América Latina y en nuestro país, mismo que está a todo vapor, se halla el magnate multimillonario, especulador financiero, GEORGE SOROS y su Open Society Foundations.

Esta organización financia, entre otros, a grupos que impulsan cambios en la legalización sobre cannabis en Latinoamérica y Estados Unidos, incluida la Comisión Global sobre Política de Drogas que integran los expresidentes FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (Brasil), ERNESTO ZEDILLO (México) y CÉSAR GAVIRIA (Colombia), entre otras personalidades.

De ahí que en su muy reciente visita a México, GAVIRIA y la ex presidente de Suiza, RUTH DREIFUSS, en reunión con el secretario de Gobernación MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG, señalaron que el “presidente ENRIQUE PEÑA NIETO debe exigir un cambio en la política de drogas de Estados Unidos”, es decir, la despenalización de la misma.

De acuerdo con JOHN WALSH, un experto de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Open Society invierte unos 34 millones de dólares en América Latina y 10% de ese total se destina a la temática de las drogas, financiando organizaciones en la región que impulsan cambios de política y tejiendo contactos entre ellas.

Bajo uno u otro de los supuestos, lo cierto es que con el fallo emitido por la SCJN, ésta no cumple con su cometido.

Vale señalar que conforme su propia enunciación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se define como el Máximo Tribunal Constitucional del país, en virtud de lo cual, tiene como responsabilidad fundamental la defensa del orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Siendo la salud garantía constitucional legitimada en el Artículo 4º Constitucional, la SCJN no la custodia y no observa el principio del interés superior de los mexicanos.

En este contexto es oportuno señalar que el instrumento constitutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), define a la salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

Para las Naciones Unidas es “el completo estado de bienestar físico, psíquico y social de una persona”.

Aún más, en septiembre de 2000 los países miembros de las Naciones Unidas acordaron ocho metas básicas de desarrollo, donde se encuentra el bien superior de la salud, con el objetivo de alcanzarlas en 2015.

Es relevante señalar que el valor de la salud, a diferencia de la educación, no se termina en un año dado, cuando uno se gradúa o deserta del sistema escolar

Una población con salud es un prerrequisito para que otros esfuerzos sociales obtengan el alcance deseado.

Finalmente, como señalara quien fuera ilustre académico, destacado jurista constitucionalista, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mi dilecto maestro MARIO DE LA CUEVA: “La constitución es la norma que organiza los poderes y determina las competencias, por lo que es superior a las autoridades investidas por ella de atribuciones, dé ahí que la autoridad que actúa en contra de la constitución da un golpe de estado y pierde su legitimidad”.