Por más que se presente como una alternativa transformadora, el llamado Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum parece diseñado más para fortalecer estructuras partidistas que para atender las demandas de la sociedad. En sus propuestas, lo que salta a la vista es el olvido de las peticiones de La Mayoría Silenciosa, tales como disminuir el número de diputados, darle menos dinero a los partidos políticos y disminuye los contrapesos que ya de por sí están a favor de Morena.
El Plan B parece más preocupado por consolidar el control político que por responder a las exigencias de transparencia, austeridad y participación ciudadana. Al ignorar las peticiones de reducir diputaciones, violentar la autonomía municipal y saturar las jornadas electorales, la reforma se convierte en un recordatorio de que la democracia no se construye desde arriba, sino desde la sociedad hacia el poder.
La ciudadanía ha insistido en la necesidad de reducir el número de legisladores, un reclamo que busca austeridad y eficiencia. Sin embargo, el Plan B mantiene intacto el aparato legislativo, perpetuando un Congreso de la Unión sobredimensionado que consume recursos, pero no atiende las demandas más sentidas de la ciudadanía.
Un punto crítico es la intromisión en la vida municipal y las entidades federativas. La reforma limita la capacidad de los ayuntamientos para decidir sobre sus propios asuntos, debilitando la autonomía que la Constitución les reconoce. En lugar de fortalecer la descentralización, se impone un modelo centralista que les resta poder, además de decidir sobre el uso de los recursos económicos por parte de los estados, rompiendo el federalismo que ha caracterizado al país.
Sheinbaum utiliza la bandera de la austeridad, pero se olvida de fiscalizar los recursos en la federación, estados y municipios, donde hay un abuso del dinero sin que nadie haga nada para terminar con la corrupción de las personas de elección popular y funcionarios. Sus excesos son escandalosos y nadie ha sido castigado; la presidenta realiza llamados a la austeridad, pero sus palabras son un murmullo entre la multitud y no ha sido capaz de castigar con el peso de la ley la corrupción.
La propuesta de realizar múltiples elecciones en un mismo día, lejos de ser un avance, amenaza con confundir y desmotivar al electorado. La sobrecarga de boletas y cargos a elegir en una sola jornada diluye la atención ciudadana y reduce la posibilidad de un voto informado. Con lo cual, se corre el riesgo de normalizar el uso de los famosos acordeones que se utilizaron en la elección judicial, dando ventaja al partido Morena.
La participación de la presidenta, Claudia Sheinbaum en la elección sin reglas claras ha causado molestia hasta en sus aliados, quienes ven una contienda con dados cargados a favor del partido Morena, mientras los opositores piden piso parejo, porque en determinado momento Sheinbaum Pardo puede hacer campaña, promocionar sus programas sociales, sus acciones de gobierno, pero ellos no pueden criticarla y deben de focalizar sus recursos en atender la elección constitucional o los desaparecen de la representación del Congreso de la Unión.
El Plan B no recorta dinero a los partidos políticos, quienes deben ceder para tener elecciones más baratas; no son los organismos electorales quienes deben pagar los platos rotos. Porque la democracia es cara, pero más caro es perder la certeza, confianza y objetividad en una elección.
El Plan B no es una reforma ciudadana, sino una estrategia partidista y, en ese olvido de La Mayoría Silenciosa, radica la mayor debilidad, porque una democracia que se construye sin escuchar a la gente tarde o temprano lleva al centralismo y posteriormente al autoritarismo. Mucho menos si daña los contrapesos entre poderes que llevó décadas construir en México.
