Artículo de Abel Santiago. De buzón a buzón 338
LA DELINCUENCUENTE LUCHA SOCIAL.
Está comprobado que la izquierda mexicana ya no existe y que los que se ostentan como sus partidarios o militantes mieten, porque aprovechan lo que fue y significó para darle una mla imagen, tan negativa que oscila entre el oportunismo y la delincuncia. Son muy pocos los sobrevivientes de la época en que se trataba de verdaderos luchadores sociales, pero también estos han caído en el juego de los que negocian con lo que fue una noble causa. Se trata de los que figuran como miebros del antiguo Movimiento Revolucionario del Magisterio, entre los que hay algunos que militaron en la filas del Partido Comunista Mexicano, que lamentablemente desapareció para universe a los grupos que fundaron el Partido Socialista Unificado de México, antecedente del hoy gobiernista Partido de la Revolución Democrática, una de las primeras fuerzas políticas que apoyó la reciente privatización de Petróleos Mexicanos.
Esa corriente que en los últimos años explota lo que fue la izquierda mexicana, y que se dice abanderar los llamados movimientos democráticos y progresistas, entre los que figuran las demandas de los sectores marginados, ha caído en el desprestigio y la demagogia al apoyar a quienes en nombre de la lucha social han cometido graves delitos federales y del orden común, como los dirigentes de la nefasta sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Lo más alarmante de este caso es que a esa corriente se han unido académicos, intelectuales y periodistas independientes, que se han distinguido por su crítica a las injusticias y a la ilegalidad, pero que ahora actúan en sentido contrario, confundidos porque el aparente motivo del movimiento magisterial es la defens de sus derechos. Por lo mismo, también las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos han secundado esa misma corriente, con el falso argumento de que al aplicárseles la ley se han violado sus derechos humanos.
A ningún grupo, por radical que sea, nunca se le ha negado su derecho a defender sus demandas y derechos, pero siempre con la limitante de no perudicar a terceros, o sea con apego a los ordenamientos legales, sobre todo a la Constitución. Sin embargo, los nuevos luchadores sociales lo primero que hacen es violar los derechos de los demás y la mayoría de las leyes que nos rigen para apoyar sus exageradas exigencias, y cuando se pretende hacerles respetar la ley se quejan de represión y de violación a sus derechos humanos, apoyados por los mencionados grupos y personalidades. La citada sección 22 magisterial sigue a la cabeza de esos movimientos, ahora con motivo de la detención de cuatro de sus más peligrosos dirigentes, de los que las procuradurías, federal y estatal, tienen pruebas de que cometieron delitos en perjuicio de la sociedad y de instituciones públicas y privadas.
Es del dominio público que desde hace 35 años la mafia que ha detentado la dirigencia de esa scción sindical ha incurrido en múltiples delitos, como medios de presión para lograr beneficios personales, como puede comprobarse con el enriquecimiento ilícito de cada uno de los que han formado parte de sus diferentes comités ejecutivos estatales. Con el paso de los años, al ir creciendo numéricamente esa seccional, su dirigencia logró tal fuerza que llegó a obtener el dominio absoluto de la educación estatal, con lo que aumentron sus ambiciones económicas y de poder, valiéndose de todos los medios para lograrlos, ilegales por supuesto. Pero fue a partir de junio de este año, cuando se les arrebató el dominio sobre el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, cuando ya todos sus movimientos de protesta se convirtieron en atentados graves contra el pueblo oaxaqueño. Todos estos se han detallado y repetido en todos los medios de comunicación, por eso era urgente la intervención de las autoridades judiciales.
Con la detención de los primeros cuatro delincuentes resurgió el escádalo de la represión y la violación a sus derechos humanos, llegándose hasta la insolencia de llamarlos presos políticos, lo que ha venido a significar una grosera humillación a los que en tiempos pasados fueron verdaderos presos políticos, no delincuentes disfrazados de luchadores sociales. Es necesario, por lo tanto, que rectifiquen todos los que negativamente apoyan a esos delincuentes y que permitan que se les aplique la ley para que prevalezca el estado de derecho.
