Exhorto de la CDP a  la ALDF para que apruebe  ley de protección a periodistas

Diputado Manuel Granados Covarrubias

Presidente de la Comisión de Gobierno

Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Presente:

A nombre de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, su presidente Manuel Granados Covarrubias recibió, el miércoles 1 de abril, un proyecto de iniciativa de ley de protección integral para personas defensoras de los derechos humanos y periodistas.

El día 23 de abril la presentó al pleno legislativo, instancia que la turnó a la Comisión de Derechos Humanos de ese órgano legislativo  para su análisis y dictamen.

Este 3 de mayo de 2015, Día Internacional de la Prensa, las y los asociados de la Casa de los Derechos de Periodistas exhortamos a la Comisión de Derechos Humanos  discutir la referida iniciativa y a elaborar  el dictamen respectivo, mientras que al pleno de la ALDF a aprobarlo en los términos que fue propuesto por  las organizaciones civiles que intervinieron en su construcción, ya que  es urgente que entre en vigor esta normatividad en una de las ciudades donde periodistas y personas defensoras de derechos humanos enfrentan graves riesgos para desarrollar sus actividades.

Como muy pocos, este proyecto, fue resultado de discusión durante 217 días de un grupo de trabajo del Gobierno de Miguel Ángel Mancera y la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal con representantes del poder judicial de la capital y con más de 30 organizaciones civiles, apoyados por organismos internacionales como la oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Reporteros sin Fronteras, Artículo 19, Amnistía Internacional, Brigadas de Paz.

El proceso de elaboración comenzó el 28 de julio de 2014 bajo el auspicio de la misma ALDF y tuvo como resultado una propuesta de ley sin antecedentes en México y en el mundo. Insistimos que hay pocas experiencias de un producto tan terminado mediante el diálogo abierto y que, de aprobarse en lo sustancial en la capital del país se convertiría en referente, en ejemplo, para el gobierno federal y el Congreso de la Unión,  para los gobernadores y todos los congresos locales.

Parte de la importancia del proyecto es que persiste el largo ciclo de agresiones contra personas defensoras de los derechos humanos y periodistas que se aceleró desde el año 2000. Y las instancias del Estado mexicano no han podido atajarlo con un marco jurídico que reconozca a estas del interés público y que, por tanto, el Estado debe proteger, pero también respetar y promover.