Amnistía Internacional: México debe proteger a Marco Antonio Suástegui Muñoz quien ha sido trasladado a un penal en Guerrero

Marco Antonio Suastegui Muñoz, líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Parota (CECOP), fue trasladado el 31 de marzo del Centro Federal de Readaptación Social “Noroeste” –un penal de máxima seguridad en Nayarit– al Penal de La Unión, en el estado de Guerrero, al haber obtenido un amparo largamente litigado por su defensa legal. “Dado los malos tratos y violaciones al debido proceso a los que ha sido sujeto, es necesario que el Estado mexicano garantice la integridad física, psíquica y moral de Marco Antonio Suástegui Muñoz y su acceso a una defensa adecuada” afirmó hoy Perseo Quiróz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México.Marco Antonio Suástegui Muñoz fue víctima de malos tratos y amenazas después de ser detenido en Acapulco el 17 de junio de 2014. Ese mismo día fue trasladado a la prisión federal en Nayarit, sin poder comunicarse con su abogado defensor. Amnistía Internacional está preocupada por que el proceso penal en contra de Suástegui Muñoz por “despojo agravado y tentativa de homicidio” responda a motivos políticos. Amnistía Internacional insta al gobierno de Guerrero para garantizar la seguridad de Marco Antonio Suástegui Muñoz en el Penal de la Unión.

Amnistía Internacional considera que Marco Antonio ha sido víctima de violaciones a derechos humanos durante el procesamiento en su contra. Por lo anterior, la organización exige una protección efectiva por parte de las autoridades correspondientes, incluida la  garantía de acceso a asistencia letrada, atención médica y al contacto con su familia.

Amnistía Internacional ha seguido el caso de los líderes comunitarios del CECOP por más de una década y en múltiples ocasiones ha expresado su preocupación sobre las amenazas, agresiones, detenciones arbitrarias y actos de violencia que han recibido.

Información Adicional

El proyecto de la presa La Parota ha causado discordia en el seno de las comunidades, ya que algunas personas aceptan la construcción de la presa y la expropiación de sus tierras y otras se oponen terminantemente a ellas. La situación se ha traducido en violencia entre las autoridades y quienes se oponen al mismo.

A lo largo del último decenio, algunos miembros de las comunidades campesinas e indígenas que se verán afectadas por la construcción de la represa han hecho campaña en contra del proyecto, con Marco Antonio Suástegui Muñoz y el CECOP en primera línea del movimiento de oposición. El proyecto subiría el nivel de una represa ya existente e inundaría grandes extensiones de las tierras que la rodean. En 2007, las votaciones de las comunidades y las acciones legales emprendidas llevaron a la suspensión del proyecto, pero tanto la Comisión Federal de Electricidad como las autoridades estatales y federales siguen promoviéndolo enérgicamente.