Dicen que el poder desnuda la verdadera esencia de quien lo ejerce. En Toluca, el presidente municipal Ricardo Moreno Bastida parece empeñado en confirmar esa máxima. Su reciente amenaza de aplicar el artículo 203 bis del Código Penal del Estado de México contra la regidora Shantall Zepeda, por encabezar la oposición ciudadana a la construcción de bodegas en una zona habitacional, es un ejemplo claro de cómo se pretende criminalizar la protesta social bajo el disfraz de “defender la inversión”.
La regidora no hace más que cumplir con el mandato que le dieron las urnas, representar a los vecinos y sus preocupaciones legítimas. Cerca de 12 colonias, entre ellas las más afectadas como la Científicos e Independencia, han expresado con claridad su rechazo a un proyecto que amenaza su calidad de vida. Sin embargo, desde la presidencia municipal se intenta reducir la inconformidad a un pleito partidista, invisibilizando la voz de quienes se verán directamente afectados.
La Mayoría Silenciosa dejó en claro los puntos álgidos: preocupa el tránsito de los estudiantes de las escuelas ubicadas en las inmediaciones, la empresa no beneficia a los vecinos, hay muchas personas de la tercera edad en la zona. Lo más preocupante es que Moreno Bastida se comprometió a realizar una consulta ciudadana, escuchar a los vecinos y se ha negado a reunirse con ellos.
No obstante, en paralelo, el presidente municipal de Toluca ha utilizado todo el aparato de gobierno para hacer creer a los toluqueños que la disputa es partidista, lo cual es totalmente falso; es una demanda ciudadana. Hay personas que no habitan en la zona y utilizan esas vías como alternativa cuando la avenida Alfredo del Mazo se congestiona y saben que eso les causaría problemas en la movilidad.
A la gente no le importa si el PRI municipal debe impuestos; lo más sensato es que los cobre y mande los requerimientos pertinentes, así como ha hostigado a miles de ciudadanos que no pagan el agua, bajando la presión del vital líquido, afectando, incluso a quienes sí han cumplido con su pago. Señalar a la regidora, Shantall Zepeda tampoco es relevante, para ello, la eligieron los ciudadanos para representarlos en el Cabildo. Tampoco es importante si el trámite inició en la anterior administración, lo importantes es quien otorga los permisos para el cambio de uso de suelo.
Ricardo Moreno debe bajarse de su nube, su soberbia no lo deja analizar con claridad que se está equivocando no sólo en el proyecto de la construcción de bodegas en una zona habitacional y escolar, también al coartar el derecho de La Mayoría Silenciosa al vital líquido, o cuando dejó que el gobierno del Estado de México construyera una ciclovía en Isidro Fabela y las pésimas adecuaciones en La Maquinita que han colapsado el tránsito de miles de autos que cruzan por la zona. Sin olvidar que su trabajo de bacheo ha sido paupérrimo para las necesidades de la población.
Tampoco es casualidad que este tipo de obras, disfrazadas de progreso, suelen estar rodeadas de sospechas de corrupción. Los permisos ambientales y de impacto urbano, que deberían garantizar el bienestar colectivo, se convierten en moneda de cambio en los ayuntamientos en turno. La discrecionalidad con la que se otorgan abre la puerta a negocios turbios, donde lo que menos importa es la ciudadanía.
La actitud de Moreno Bastida no es nueva. Su historial de represión a manifestaciones lo persigue; hay que recordar la marcha del 2 de Octubre el año pasado. En su soberbia, cree que puede hacer y deshacer a su antojo. El mensaje es claro: en Toluca, quien se atreva a cuestionar los intereses económicos corre el riesgo de ser perseguido penalmente.
La pregunta es si los toluqueños queremos gobiernos municipales que se conviertan en gestores de negocios privados, o autoridades que realmente escuchen y defiendan a la gente. Porque mientras se privilegie la inversión por encima de la dignidad y el derecho a la protesta, la corrupción seguirá encontrando terreno fértil, y la represión será la herramienta para acallar a quienes se atrevan a denunciarlo.
Delfina Gómez le da espaldarazo a Norberto Morales Poblete
La confianza no siempre llega con un discurso; muchas veces las acciones hablan por sí solas. Por ello, el nombramiento que la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, realizó en la Secretaría del Trabajo a cargo de Norberto Morales Poblete es una muestra de confianza en la labor que se realiza en la dependencia estatal. No hace falta hablar de ratificaciones; la continuidad es la acción que respalda los resultados.
No es un secreto que los nombramientos realizados ya venían laborando en la secretaría, pero el nombramiento le da formalidad al trabajo realizado, de ahora en adelante, Alma Juárez Bautista, presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México; Claudia Lizeth Villavicencio Guadarrama, directora General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México de la Secretaría del Trabajo, José Francisco Cabrera Anaya, director General de Empleo y Productividad de la Secretaría del Trabajo, Omar Mañón Juárez, director General de Inspección e Inclusión Laboral de la Secretaría del Trabajo, son la imagen de la confianza en Norberto Morales Poblete.
