Por Raúl González Nova
Toluca, Estado de México.-
Los resultados de la evaluación aplicada por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) a las Procuradurías Municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes dejaron al descubierto una situación alarmante en #almoloyadejuárez
De acuerdo con el oficio número 200C0101080000L/422/2026, el procurador municipal, #AlonsoHernándezGonzález, obtuvo una calificación de 4.5, muy por debajo del mínimo aprobatorio de 6.5. El dato no es menor: evidencia un desempeño deficiente en una de las áreas más sensibles del servicio público, encargada de velar por los derechos de la niñez y la adolescencia.
Más allá de lo técnico, el resultado pone en evidencia una problemática de fondo: la fragilidad institucional en un cargo clave que debería garantizar protección integral, representación jurídica y restitución de derechos para los sectores más vulnerables.
Sin embargo, el foco no solo está en la evaluación reprobatoria. También llama la atención el silencio dentro del Ayuntamiento. #Regidores que, en teoría, tienen la obligación de supervisar, cuestionar y exigir resultados, han optado por la omisión.
Esta inacción no hace más que fortalecer la percepción ciudadana de que los intereses políticos pesan más que la responsabilidad pública.
A este panorama se suma la actitud de la directora del DIF municipal, #thalíasolísgómez cuyo silencio ante un resultado tan delicado resulta igualmente cuestionable. En lugar de fijar postura o asumir responsabilidad institucional, su presencia pública ha estado más enfocada en proyectarse políticamente, limitándose —según señalamientos locales— a manifestar aspiraciones rumbo a la alcaldía, sin ofrecer explicaciones claras sobre el desempeño de un área que depende directamente de su estructura.
En diversos sectores sociales comienza a crecer la sospecha de que esta pasividad no es casual, sino parte de una dinámica interna donde se evitan señalamientos incómodos, particularmente cuando existen relaciones cercanas —personales, políticas o incluso familiares— dentro de la administración municipal.
Bajo este escenario, surge una pregunta inevitable: ¿cómo se puede exigir resultados cuando quienes deben vigilar prefieren callar? Para muchos ciudadanos, la respuesta es clara: se ha consolidado un esquema donde la lealtad interna vale más que la eficiencia, y donde el desempeño queda en segundo plano frente a los compromisos políticos.
Los hechos son contundentes. Una calificación reprobatoria en un tema tan delicado, acompañada de la falta de exigencia institucional, no solo refleja una falla administrativa, sino una preocupante normalización de la mediocridad en el servicio público.
Porque cuando se trata de la protección de niñas, niños y adolescentes, no hay espacio para la indiferencia. Y mucho menos para el silencio.
