Por Raúl González Nova
Almoloya de Juárez, Estado de México –
Cuando no es una observación, es un procedimiento; cuando no es un procedimiento, es un daño al erario. La administración de #AdolfoJonathanSolísGómez presidente municipal de Almoloya de Juárez, parece no encontrar descanso en el escrutinio público ni en los expedientes oficiales.
Ahora, documentos del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) confirman que el municipio deberá responder por un daño a la hacienda pública por $1,040,620.47 pesos, monto que fue convalidado y confirmado por la autoridad fiscalizadora.
De acuerdo con la resolución emitida por la Unidad de Asuntos Jurídicos del OSFEM, dentro del Recurso de Revisión RR-PAR/57/2024 y sus acumulados RR-PAR/58/2024 y RR-PAR/06/2025, derivados del expediente OSFEM/UAJ/PAR-IM/78/19, se modificó parcialmente una resolución anterior, pero se mantuvo firme lo esencial:
el daño económico al municipio existe y está plenamente acreditado.
La resolución establece:
• El sobreseimiento del procedimiento administrativo resarcitorio únicamente para #NormaAngélicaLópezCano.
• La inexistencia de responsabilidad administrativa resarcitoria solo en favor de #AdrianaMargaritaBernalBenhumea quien fue síndico municipal durante la administración 2016–2018.
• La confirmación del daño patrimonial por más de un millón de pesos, que afecta directamente a la hacienda pública de #AlmoloyadeJuárez
Pero el punto más delicado es el siguiente:
El OSFEM convalida y confirma la responsabilidad administrativa resarcitoria de Adolfo Jonathan Solís Gómez, así como de #AdolfoMartínezJiménez entonces Director de Obras y Desarrollo Urbano Y actualmente en es mismo cargo.
Es decir, los mismos nombres que hoy encabezan o rodean al actual gobierno municipal, vuelven a aparecer en resoluciones oficiales que hablan de irregularidades, daños al erario y fallas graves en el manejo de recursos públicos.
Lejos de mostrar un aprendizaje o una corrección de rumbo, el actual periodo de gobierno parece profundizar los vicios del pasado. Hoy, la administración de Solís Gómez es señalada como peor que la primera, con un manejo financiero opaco y decisiones que siguen generando sospechas fundadas.
A esto se suma un clima de creciente desconfianza ciudadana en áreas clave como la Tesorería Municipal. En ese contexto, han surgido cuestionamientos públicos sobre el patrimonio y el estilo de vida de la actual tesorera, quien debería aclarar con total transparencia versiones que circulan en el municipio sobre la adquisición de una propiedad de alto valor y un cambio de residencia ocurrido en diciembre pasado.
No es un asunto menor: cuando se administran recursos públicos, la congruencia patrimonial no es opcional, es una obligación moral y legal.
Almoloya de Juárez no necesita más excusas ni silencios institucionales. Necesita respuestas claras, rendición de cuentas y, sobre todo, funcionarios que entiendan que gobernar no es repetir los errores del pasado… sino corregirlos.
Porque cuando las observaciones se repiten y los nombres también, el problema ya no es administrativo: es político y ético.
