LA CRISIS DE SALUD, SEGURIDAD Y LABORAL.
“Avergüénzate de morir hasta que no hayas conseguido una victoria para la humanidad”. Gürgen Habermas.
La crisis del coronavirus se empezó a sentir con fuerza en marzo con la caída del turismo, las bolsas y la depreciación de la moneda, y a finales de ese mes se decretó la emergencia sanitaria y se suspendieron las actividades no esenciales de la economía hasta finales de mayo, también se perdieron empleos formales, más de 1,1 millones según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Sin embargo, parece que todavía no se percibe la magnitud de la crisis económica: dos terceras partes de las familias ganan menos que hace unos meses y el desempleo rebasa cualquier cifra imaginada con anterioridad. En ese sentido, se van a necesitar otras políticas económicas, si no se quiere un aumento exponencial de la pobreza. El desplome histórico del Producto Interno Bruto de 18,9 % del segundo trimestre de 2020 debido a la pandemia de coronavirus.
Los sectores que solían jalar al resto de la economía son los más golpeados. Consumo y producción van de la mano, y a la baja. Las miles de empresas en bancarrota, y millones de empleos perdidos, no se recuperarán rápidamente, lo que genera contracción en el consumo y vulnera el crecimiento potencial, a mediano y largo plazo, de la economía mexicana. Sin empresas y sin empleo es imposible reactivar la economía y financiar los cambios al sistema de salud para atender la crisis sanitaria, así como financiar una política social que reduzca la pobreza sustancialmente y mejore la calidad de vida de los mexicanos. En ese escenario, el compromiso del presidente. En consecuencia, es ingenuo pensar en una recuperación rápida si no hay medidas de política económica que la impulsen. No existe precedente en la historia del país de un dato económico tan desastroso, supera incluso a los gobiernos de los que afanosamente pretenden distanciarse, el de Carlos Salinas de Gortari y el de Felipe Calderón Hinojosa. Es dramática la caída de la economía en su conjunto con deudas bancarias, a la poca acciones de los bancos, se acerca una crisis de liquides de los ciudadanos, pero hay sectores que realmente están al borde de la desaparición, y el correlato de todo esto es la pérdida de empleos formales e informales; de los primeros llevamos más de 1 millón confirmados por el propio IMSS y de los segundos más de 10 millones según sondeos del propio INEGI. La Ley del Seguro Social establece que los pensionados afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tienen derecho a una pensión mínima garantizada de 3 mil 289 pesos; el gobierno debe completar la pensión en caso de que el trabajador perciba menos de dicho monto. A partir del incremento en las aportaciones y la reducción de semanas, que aumentan el ahorro y facilitan el acceso a una pensión, se propone que la pensión mínima garantizada sea por 4 mil 345 pesos. El registro de desempleo vinculado a la actual emergencia sanitaria.
Más allá de las cifras oficiales, el desempleo real en la pandemia podría ser de más de 4 millones de personas, ya que lo reportado por el IMSS no contempla el empleo informal, que ha sufrido un impacto mayor que el de la economía formal, son personas que trabajaban en diversos lugares vendiendo diversos artículos, o en comercios o como meseros y similares; le ponemos mucho auge a los empleos que reportan las empresas, pero la verdad es que hay más preocupación por los trabajos de quienes no están asegurados. Por ello, es de prever que, en los siguientes meses, por lo menos en lo que resta del año, se mantendrá constante la reducción de plazas laborales. De hecho, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) evidencian que con la salida de 12.5 millones de personas del mercado laboral de marzo a abril la tasa de informalidad pasó de 56.8 por ciento a 47.72, y con datos de mayo avanzó a 51.8. En materia de seguridad, otro problema que ha hecho crisis desde hace años pero que se ha potenciado en los últimos tiempos, en vez de una discusión seria y abierta sobre la función y operación de las fuerzas armadas en labores de seguridad, el país vive una serie de contradicciones que se hacen evidentes desde las mismas conferencias de prensa matutinas.
En estas, se insiste en un discurso pacífico mientras que, a la par, continúa la obvia y extensa militarización de la seguridad pública. Pero no hay evidencia de la eficacia de este modelo de seguridad ante la ausencia de otras medidas.
La militarización de las terminales marítimas, es la más reciente prueba de la adquisición de las Fuerzas Armadas por parte de AMLO que inició una semana antes de tomar posesión, después que en su campaña electoral de 2018 se la pasó condenando las violaciones a los derechos humanos cometidos por los militares durante los sexenios de Felipe Calderón y Peña Nieto. Incluso el 25 de noviembre del mismo año, siendo Presidente electo, López Obrador se reunió con 32 mil elementos de la Marina, Ejército y Fuerza Aérea.Para entonces había cambiado su discurso acusatorio de campaña por el de “Le tengo confianza al Ejército y a la Marina, siempre he dicho que el soldado es pueblo uniformado”. No es de dudar que precisamente las fuerzas armadas sean ahora el más importante aliado del proyecto de la 4T, al parecer, mucho más que su partido político. La justicia y corrupción, a partir de una filtración, comenzó a sentirse el temblor político del regreso al país del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin. Las repercusiones no se hicieron esperar en la prensa, en los corrillos políticos, en las sobremesas. Pero no han tenido mayor impacto, al menos no de manera pública, en los ámbitos de procuración e impartición de justicia, que es donde realmente importa.
La politización de la justicia se convierte, en reemplazo del combate a la corrupción y en instrumento de propaganda. En esta línea, el gobierno de López Obrador está decidido a aprovechar al máximo el caso Lozoya en busca de dos beneficios políticos: intimidar a importantes actores políticos ligados al PRI, al PAN y al PRD y ratificar, con acciones espectaculares, su compromiso de luchar contra la corrupción jugando, incluso, con la expectativa de investigar y encarcelar a Peña Nieto salvo que sea muy necesario. A decir de los analistas, propósitos electorales constituyen el meollo de la negociación de Lozoya, “quien será un instrumento político contra la oposición a cambio de la libertad de su familia y una justicia laxa contra él”. Los más aferrados críticos del gobierno federal propalan que no se está ante una batalla contra la corrupción, sino en el arranque de la temporada electoral y un mero espectáculo, útil para distraer al respetable ante los muchos fracasos de la autodenominada Cuarta Transformación.
El poder público visto de proyecto de la gobernanza con una agenda de desarrollo de bienestar a los municipios y no ser por ser gobierno. El sistema que se resiste a cambias a las nuevas reglas de transición publica con su argamasa de muchos problemas, algunos con raíces tan profundas que ya se nos hacen cotidianos, un ejemplo es la corrupción que esta institucionalizada, y a pesar que existan figuras políticas que digan que le han declarado la guerra y están limpiando al gobierno de esta, la realidad es que sólo se cambian las mafias, esto es, de ser empleado del viejo sistema ahora es empleador con sus traumas. Los grupos de poder agazapados ante la acción de líneas de poder del ejecutivo. Los actos de algunos más corruptas que otras, más descaradas o más discretas, pero lo que realmente pudre a este país es la impunidad. El hecho de saber que puedes cometer grandes crímenes y no pasa nada al amparo de ese poder emanado a través de la democracia. Las cúpulas se acomodaran en diputaciones federales, locales para subsistir al nuevo modelo de poder un PRI sin argumento de base a causa del error del actuar del saqueo y corrupción.
· EMILIO LLEDÓ https://youtu.be/HAdubpAeV90
