Alerta del Secretariado Permanente de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia: Sala de lo Constitucional pierde independencia en El Salvador
El Secretariado Permanente de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad) alerta sobre la instalación de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador bajo un proceso calificado de viciado e inconstitucional.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador está integrada por quince magistrados propietarios y quince suplentes, electos para un período de nueve años, con una renovación de un tercio de sus miembros cada tres años.
El Secretariado Permanente de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad) alerta sobre la instalación de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador bajo un proceso calificado de viciado e inconstitucional.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador está integrada por quince magistrados propietarios y quince suplentes, electos para un período de nueve años, con una renovación de un tercio de sus miembros cada tres años.
Dada una declaratoria de inconstitucionalidad pronunciada sobre la elección de los magistrados en 2006 y 2012, la Asamblea Legislativa realizó actuaciones que le permitieran inobservar la declaratoria (a través del Decreto 743) e incluso, reformar el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa (RIAL), el decreto transitorio permitó que el pleno de la CSJ sesione con ocho miembros y sin necesidad de convocatoria del presidente del órgano. Igualmente, se buscó la creación de una Comisión que investigara la elección de 2009. Con el fin de apoyar estas acciones se presentó un recurso ante la Corte Centroamericana de Justicia el 20 de junio, cuya resolución dada menos de 24 horas después, admitió la demanda en cuestión.
Medios de comunicación, han manifestado que los magistrados cuyo nombramiento fue declarado inconstitucional por la Sala, han tomado aún así posesión de sus cargos, omitiendo la sentencia y basándose en las acciones ejecutadas por la Asamblea Legislativa y la Presidencia de la República.
Todo ello ha causado la creación de dos Cortes paralelas: una sin presidente, formada por los cinco magistrados electos en 2006 y los cinco electos en 2012, quienes instalaron una denominada “Corte legítima” y otra formada por los 8 magistrados salientes y su presidente constitucional, quienes acatando la declaratoria de inconstitucionalidad, han solicitado a sus respectivos suplentes, tomar sus cargos hasta que la elección se haga de manera legítima y constitucional.
La Iglesia Católica salvadoreña, ha manifestado que la sentencia de la Sala, se ha emitido basada en el uso legítimo de sus potestades, atribuidas en el artículo 183 de la Constitución Política de El Salvador que establece que “la Sala de lo Constitucional será el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, en su forma y contenido, de un modo general y obligatorio…”.
A su vez, la Fundación Democracia, Transparencia, Justicia (DTJ), la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) y Aliados por la Democracia, todos miembros de la Redlad, al igual que la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) de El Salvador han reprochado las actuaciones de la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo, consideradas como antidemocráticas, ilegales, inconstitucionales y contrarias a la división e independencia de poderes.
Ante ello, el Secretariado Permanente de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, plataforma de impulso a la democracia, el respeto de los derechos humanos y la transparencia en la gestión pública integrada por más de 450 organizaciones, Miembro Oficial del Foro de Sociedad Civil de la Organización de Estados Americanos (OEA) y Capítulo Regional del Movimiento Mundial por la Democracia:
- Hace un llamado a la constitucionalidad, el apego a la legislación vigente y al respeto a la división de poderes como elemento fundamental de una democracia.
- Solicita al Presidente Mauricio Funes y al Poder Legislativo salvadoreño para que respeten las decisiones emanadas de la Sala de lo Constitucional.
- Insta a la sociedad civil salvadoreña a pronunciarse sobre el tema y exigir el respeto de la constitucionalidad y el Estado de Derecho en el país.
- Llama a organizaciones regionales como la OEA e instancias de resolución de controversias para que analicen la sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia y se manifiesten sobre el tema.
